carlos
Navarro Sugich... otra vez en el ojo del huracán.
Fraudes inmobiliarios en San Carlos,
un mar de corrupción, tráfico de influencias e impunidad
Poco a poco surgen nuevas
evidencias de que desde el aparato gubernamental se esta prohijando a
delincuentes de alta escuela dedicados a fraudear principalmente a
norteamericanos que pretenden invertir en el mercado inmobiliario de San
Carlos, Nuevo Guaymas. Una vez más, el nombre del Procurador de Justicia
en el Estado, Carlos Navarro Sugich, aparece en no pocos expedientes de juicios
penales que se siguen por presuntos actos delictivos cometidos por particulares
dedicados a la compraventa de propiedades inmobiliarias de alta plusvalía; en
esta ocasión, en uno de los destinos turísticos más cotizados de México.
Por
Oscar Castro y Fernando Gutiérrez / Dossier Politico
Día de publicación:
2012-05-01
Segunda de tres partes…
La denuncia penal ventilada por este medio sobre una serie
de presuntos actos fraudulentos en la venta de condominios y lotes colindantes
a la playa de San Carlos, Nuevo Guaymas por parte de la empresa inmobiliaria
“Sea Escape At Esmeralda Bay S.A. de C.V.” contra una pareja de
norteamericanos, ha destapado la cloaca dejando ver serias evidencias de que el
mercado de bienes raíces en este destino turístico esta plagado de actos de
corrupción, donde algunos agentes inmobiliarios y autoridades estatales podrían
estar en confabulación para despojar de millonarias cantidades de dólares a
compradores extranjeros.
La denuncia pública derivó de los esposos de nacionalidad
estadunidense, Marie y Gary Donn Barlow, quienes fueron despojados de 450 mil
dólares mediante un engañoso contrato de compraventa de un condominio y un lote
rustico a orillas de la playa por los socios de Sea Escape, los también
norteamericanos Katy y David Walker, y la guaymense Maria del Carmen Ordaz.
Derivado de la investigación periodística que realiza
Dossier Político sobre casos de presuntos fraudes de empresas inmobiliarias, se
pudo saber que otra pareja de ciudadanos del vecino país que buscaban invertir
en propiedades en San Carlos, de nombres William D. Hillen y Emilia Luna
Hillen, también fueron defraudados por los Walker y la señora Ordaz, cuando en
forma similar a los Barlow fueron despojados de la cantidad de 225 mil
dólares, bajo la engañosa promesa de que adquirirían un condominio en la playa,
el cual a la fecha no ha sucedido.
En ambos casos, ya documentados en querellas penales en
numero acumulado de tres, cuya copia del expediente obra en poder de este
medio, son bienes inmuebles que pretendían adquirir a través de un
fideicomiso bancario para extranjeros, en el cotizado fraccionamiento
residencial Costa Bella, de San Carlos, Nuevo Guaymas, desarrollo a cargo de la
empresa formada en sociedad mercantil por los Walker y Ordaz Aguiar.
No solo eso, de acuerdo a la versión plasmada en el texto
de la querella por los esposos Barlow, estos hacen ver su preocupación y
fundadas sospechas de que desde la Procuraduría de Justicia en el Estado se
estaría protegiendo a los presuntos defraudadores, en aras de evitar que
obligue por la vía judicial a la reparación del daño que les ha causado el
despojo de los 450 mil dólares, producto, por cierto, de su retiro laboral en
el vecino país, recursos que pretendían invertir en la adquisición de un condominio
y un terreno rustico en la playa.
Es que, de acuerdo a la versión de los norteamericanos, la
agencia primera del Ministerio Público del Fuero Común del sector II de
Guaymas, cuyo titular es José Isidro Ulloa Martínez, donde se integra la
averiguación previa por el presunto delito de fraude y lo que resulte, podría
haber recibido “ordenes superiores”, particularmente de la Procuraduría de
Justicia, para que no consumar legalmente la exigencia de reparación del daño
causado a los demandantes; esto es, la devolución integra del recurso monetario
objeto del fraude o la adjudicación de los bienes de la empresa para garantizar
la recuperación de sus ahorros, hoy en manos de los demandados.
Proteger al delincuente, no a la víctima, vicio ancestral
En visita a las oficinas de Dossier, los norteamericanos
defraudados narraron que a través del despacho de abogados contratado para su
defensa, se enteraron de que el Agente del Ministerio Público que integra la
averiguación, resolvió que se suspendiera el ordenamiento girado el mismo el 16
de abril del año en curso al Registro Público de la Propiedad de Guaymas, para
que se hiciera una anotación marginal en el acta registral del patrimonio
de la empresa Sea Escape Et Esmeralda Bay y del Fraccionamiento Costa Bella,
para que no fueran objeto de hipoteca, cambio de propietario, enajenación,
embargo, o cualquier acto que implique traslado de dominio, hasta no concluir
cabalmente la indagatoria.
Esto, ante la fundada sospecha -por parte de los quejosos
y su defensa- de que los propietarios de la empresa demandada pretenden
deshacerse de la propiedad, con la clara intención de evadir su responsabilidad
en el acto reclamado y no reparar el daño causado a los norteamericanos
demandantes.
Esta actuación del representante social derivó en un
juicio de amparo indirecto promovido por la defensa de los esposos Barlow ante
el juzgado primero de distrito con sede en Hermosillo, contra la Procuraduría
de Justicia en el Estado, sus funcionarios y el agente investigador que conoce
de la querella penal por fraude.
En este reclamo, los Barlow demandan la protección de la
justicia de la Unión para que el agente investigador que integra la
averiguación sobre el presunto fraude, revoque su decisión de ordenar al
registro público deje sin efecto la anotación para que los bienes de la
demandada no sean sujetos de traslado de dominio y que el estado de cosas
permanezcan como él lo resolvió en un acto de autoridad en 16 de abril pasado.
Como antecedente, y en respuesta a la resolución del
Agente del MP de Guaymas, la defensa de la empresa demandada por fraude tramitó
un juicio de amparo ante el Juez Primero de Distrito contra este acto de
autoridad, bajo el argumento de que la empresa moral “Sea Escape” se constituía
como “tercera ajena perjudicada” y que no tenía porqué ser obligada a reparar
el daño ni su registro catastral sujeto a anotaciones que prohibieran cambios
en su estatus patrimonial.
En respuesta, el representante social emitió un informe
justificado de su actuación ministerial, argumentando que el acto reclamado, en
este caso, la reparación del daño causado a los Barlow, era responsabilidad de
los esposos Walker y su socia, María del Carmen Ordaz, en calidad de
propietarios en un noventa por ciento de las acciones, los primeros, y en el
restante diez por ciento, la segunda.
No solo eso, sino que solicitaba al juzgador federal que
se sobreseyera el juicio de amparo en contra de su acto de autoridad al
Registro Público de la Propiedad, toda vez que “ Sea Escape Et Esmeralda Bay
S.A. de C.V. esta presuntamente obligada a la reparación del daño consecuencia
de la presunta comisión de los ilícitos…Y la reparación del daño, que en su
caso, presuntamente deberá cubrir esta empresa, solidariamente con sus socios,
los presuntos sujetos activos del delito”.
Por lo tanto, reconocía en su informe el Agente
Investigador, que tanto los Walker como Ordaz y a nombre de “Sea Escape”,
incurrieron en el lucro indebido obtenido por la presunta comisión del delito
de fraude en numero de tres, por la cantidad acumulada de 675 mil dólares,
mismos que por instrucciones de los presuntos responsables, fueron incorporados
al patrimonio de la empresa inmobiliaria, por lo que no se deben considerar
como terceros perjudicados.
No obstante que en el informe al juez primero de distrito,
el Ministerio Público justificaba así el haber ordenado que se anotara en el
acta registral pública de la empresa demandada que esta no podía enajenarse,
venderse, trasladar su dominio o hipotecarse hasta concluir la indagatoria,
este acto fue sorpresivamente revocado en forma unilateral por el representante
social.
Este brusco viraje en la actuación legal del agente
investigador hizo acrecentar las sospechas de los demandantes de que podría
haber recibido ordenes del Procurador de Justicia, Carlos Navarro Sugich, para
que los bienes de “Sea Escape”, fueran susceptibles de cambiar de propietario
para evadir una eventual sentencia condenatoria a reparar cabalmente el daño
patrimonial causado a los esposos Barlow, al tipificarse cabalmente y, en todo
caso, el delito penal de fraude.
A escena, la presencia de un ‘despacho divino’
Lo que mantiene en estado de incertidumbre a los esposos
Barlow, según manifiestan en testimoniales publicas y en platicas con este
medio, es que el abogado patrono de la empresa demandada “Sea Escape” y
defensor de sus socios ante la querella penal enderezada en su contra por la
presunta comisión del delito de fraude, es decir, los norteamericanos Walker y
la guaymense María del Carmen Ordaz, es el licenciado José Joaquín Cabrera
Ochoa, actual presidente de la Comisión Sonora-Arizona, organismo del Gobierno
del Estado tutelado desde la Secretaría de Economía para fomentar las
relaciones comerciales y culturales entre Estados Unidos y esta entidad.
Cabrera Ochoa forma parte del cuerpo de abogados del
despacho contratado por “Sea Escape” denominado “Tapia, Robles, Cabrera y
Moreno, S.C.”, del que también fue miembro Carlos Navarro Sugich, hasta antes
que fuera nombrado subprocurador de Control de Procesos de la fiscalía estatal,
y posteriormente Procurador en funciones, y hace unos días, ratificado como titular
por el Congreso del Estado, a propuesta del Gobernador, Guillermo Padrés Elías.
Crecen sospechas de tráfico de influencias
Una extraña historia llena de inconsistencias éticas y
jurídicas ha sido narrada por los demandantes, al fortalecerse en ellos el
supuesto que están siendo víctimas de un probable caso de tráfico de
influencias desde el poder público, en aras de favorecer a sus demandados.
Estos testimonios los han puesto en antecedente ante el juez primero de
distrito que conoce del juicio de amparo que demandan a la justicia
federal para poner a salvo sus derechos como victimas del delito, así
como del cónsul de Estados Unidos en Hermosillo y Guaymas, John S. Tavenner.
Los Barlow narran que luego de tres citatorios girados por
el Agente del MP a los Walker en calidad de acusados en la querella y no
haberse presentado, se giró una orden de presentación dirigida al jefe de grupo
de la Policía Estatal Investigadora para su cumplimentación. Se ordenaba que
localizara y presentara a los Walker ante el MP para que rindieran
declaración ministerial.
Fue el pasado 28 de marzo del año en curso, cuando los
Barlow enteraron al MP de que los Walker y presuntos defraudadores se
encontraban físicamente por fuera de una oficina ubicada en “Plaza Las Palmas”,
sobre el bulevar Manlio Fabio Beltrones, de San Carlos, hasta donde llegaron
elementos de la PEI para dar cumplimiento a la orden de presentación girada por
el representante social. Los demandantes también hicieron acto de presencia en
el lugar.
Y así lo narran en su demanda de amparo los esposos
Barlow:
“Pero grande fue nuestra sorpresa, cuando apreciamos que
los presuntos responsables, David Lynn Walker y Katy Sue Walker, se comportaron
ante la policía de forma agresiva, ofensiva y despótica, haciéndoles saber que
no los acompañarían.
Simultáneamente Kathy Walker, vía llamada por teléfono
celular, acaloradamente discutió (con su interlocutor) sobre el hecho de que la
policía los presentaría al MP a declarar… Expresaron los indiciados (a los de
la PEI) que ‘eso ya lo tenían arreglado a través de su abogado con altos
funcionarios de la Procuraduría en Hermosillo’ y que si no querían tener
problemas que los acompañaran al interior de la oficina, que resultó ser el
recinto de la empresa “Sea Escape Et Esmeralda Bay, S.A. de C.V”.
“Los presuntos delincuentes y la policía ingresaron
entonces a la oficina de la empresa demandada y posteriormente salieron solo
los elementos policiacos, argumentando que se había ordenado por un alto
funcionario de la procuración de justicia que dejaran sin efecto la orden de
presentación que se encontraban ejecutando y que no se molestara más a los
esposos Walker”.
Los Walker, duros de declarar
Antes, sobre el mismo curso de la averiguación previa
contra los Walker y Ordaz, los quejosos a través de sus abogados defensores
habían advertido que la indagatoria mostraba trazos de favorecer a los
demandados, sobre todo, al no reclamar cabalmente su presencia física en la
Agencia Investigadora para conocer su declaración por parte de su
titular.
Tal fue el caso el 28 de marzo del 2011, cuando los
querellantes supieron de la llegada al aeropuerto de Guaymas de los Walker,
procedentes de Estados Unidos, probablemente su primera visita desde que se
radicó la querella penal. El arribo de sus demandados se lo hicieron
saber al representante social para que ejercitara la orden de presentación de
rigor, una vez agotados los tres citatorios y que reiteradamente omitieron
cumplir los denunciados.
En esta primera ocasión no fue posible cumplimentar la
orden de presentación de rigor en estas indagatorias de carácter penal, porque
el Agente del Ministerio Publico se declaró imposibilitado para ello,
argumentando que, justamente ese día, desde las oficinas centrales de la
Procuraduría de Justicia en Hermosillo, le habían solicitado todo el expediente
principal “para analizarlo”. Los legajos iban camino a la capital y era
imposible solicitar la presencia de los presuntos defraudadores para
declararlos, según se justificó el MP.
Así los Walker evadían una vez más su presencia ante el
representante social, solo que ahora, por facilidades ofrecidas por la
Procuraduría mediante argucias poco convincentes, según lamentan los Barlow.
Después vendría la determinación del MP de revocar el
ordenamiento por el emitido al Registro Público de la Propiedad para que el
patrimonio de la empresa Sea Escape no fuera sujeto a traslado de dominio, es
decir, enajenado, vendido, hipotecado o embargado, a fin de garantizar la
reparación del daño a los Barlow en el curso de la indagatoria penal por el
presunto delito de fraude en su contra cometido por esta sociedad mercantil y
sus socios.
A esto se le unió el conocer, por parte de los
defraudados, de la relación amistosa y laboral entre el despacho de abogados
que lleva la defensa, concretamente del licenciado Joaquín Cabrera Ochoa y
el procurador Carlos Navarro Sugich, y la doble investidura de aquel,
como funcionario de gobierno en calidad de presidente de la Comisión Sonora
Arizona y como abogado patrono de la empresa y los socios de esta acusados de
fraude.
“Hacemos votos porque todo lo anterior (la relación del
abogado defensor de los Walker con el Procurador de Justicia y el aparato
gubernamental) no sea la causa que obnubiló e impidió apreciar la errada e
inexplicable ilegalidad y anticonstitucionalidad del acto reclamado que se
combate en este amparo y sea ajeno al hecho que los Walker se referían cuando
fueron abordados por la policía para ser presentados ante el Ministerio
Público, cuando externaron que ‘eso ya los tenían arreglado a través de su
abogado, con altos funcionarios de la Procuraduría en Hermosillo”, manifiestan
los esposos Barlow.
Mañana:
Amos y señores en mar y tierra de San Carlos.
AQUÍ LA
PRIMERA PARTE: http://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=111623&relacion=dossierpolitico&categoria=550&mas=