El Gobierno de Sonora, su Procuraduría y sus Tribunales Comunes, jurídicamente NÓ SON los responsables de investigar ni hacer justicia en los hechos ilícitos consumados en la “Guardería ABC”.
El único jurídicamente responsable es el Gobierno Federal a través de la PGR; así lo ordena la Constitución de la República, las Leyes Penales Federales y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo que, es perversa, la manipulación Jurídica y política que se ha hecho del caso “Guardería ABC”.
Que el gobierno federal, vía PGR, MANIPULA con efectos políticos la investigación jurídica-penal del caso de la “Guardería ABC”, éso, ni duda cabe. Es incontrovertible que el comportar jurídico de la PGR en la investigación ha sido jurídicamente deficiente (entre muchas, no arraigar a los presuntos delincuentes), inepto(no atraer la investigación desde el primer día), lento (llevar más del mes en una investigación de 10 días), desaseado (decir el propio procurador que los presuntos no pisaran ni un minuto la cárcel y que el delito no es grave) y parcial(que solo se ocupen de defender la posición de IMSS y no los derechos de las víctimas y padres ofendidos); el gobierno federal, ha sido insensible (recuérdese su entrega al caso Martí), mercantilista (la demanda civil del IMSS), manipulador (Entre muchas más, la publicación de las listas de guarderías) y grosero (las iracundas descalificaciones del Secretario de Gobernación y otros).
Pero, que el Gobernador de sonora no ha mostrado imaginación política y argumentación jurídica PARA NULIFICAR esa manipulación que ha causado inmerecido desprestigio y costos al gobierno estatal, nó existe tampoco ninguna duda. Sorprende que la técnica tan débil y burda empleada por la PGR para hacer aparecer al Estado, ante los ojos públicos, COMO EL RESPONSABLE de la investigación de los Crímenes de la “Guardería”, SIN SERLO jurídicamente, sigan causando costosos efectos, y aún más, que hasta ahora, no se haya mostrado la atingencia política y legal para REBATIDOS; más aún, cuando es claro que el Estado, cuenta con todos los argumentos políticos y jurídicos para hacerlo. Solo DOS razones explicarían esa inexplicable pasividad en el tratamiento de la crisis:
1.-Que el gobierno de Sonora al revertir públicamente la falsedad, de la culpa que legalmente no le corresponde, TEMA sufrir consecuencias políticas o jurídicas diferentes, aún más graves; y,
2.-Que, el gobierno de Sonora, al declinar –prévia petición de la PGJE al juez común– al Juzgado Primero de Distrito de Hermosillo el proceso judicial común que instruye a algunos presuntos responsables sobre los mismos hechos de la “Guardería ABC; su pronunciamiento público oficial de que el Estado nó protegerá a ningún funcionario o familiar que le resulte responsabilidad; y su DESLINDAMIENTO en cuanto que fué la PGR quien nó ARRAIGÓ a los presuntos responsables y nó el Gobierno del Estado, al carecer éste de facultad legal para hacerlo como realmente lo és, TEMA el Estado, desamparar a algún presunto responsable involucrado en los hechos, al que tenga el deber o necesidad de proteger y que no desee que sea preso.
Ergo; Si ninguno de los dos anteriores TEMORES existe, es injusto para el gobierno de Sonora seguir pagando el costo político y social que hasta hoy está pagando sin razón legal alguna. Nos resistimos a admitir la ofensiva imaginación de que al gobierno de sonora lo esté “chamaqueando” el gobierno federal, con tan pueriles métodos. El Gobierno de Sonora, su Procuraduría y sus Tribunales Comunes, reiteramos, jurídicamente NÓ SON los responsables de investigar ni hacer justicia en los hechos ilícitos consumados en la “Guardería ABC”.
El único jurídicamente responsable es el Gobierno Federal a través de la PGR; así lo ordena la Constitución de la República, las Leyes Penales Federales y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es perversa la manipulación Jurídica y política que se ha hecho del caso “Guardería ABC”.
Entonces; saludable es que con plena autoridad moral, política, social y jurídica El Gobierno de Sonora EXIJA fuerte y públicamente a la PGR y al gobierno federal ¡PROCUREN y concluyan a la brevedad! las investigaciones; ¡detenga la PGR! de inmediato a los prófugos; ¡y hagan JUSTICIA! a la sociedad sonorense y a los padres ofendidos por los delitos cometidos en agravio de sus inocentes niños; de forma pronta, expedita, legal e imparcial; y al IMSS, EXIGIRLE en ese mismo tenor, brinde sin reticencia alguna todos los servicios médicos, hospitalarios, psicológicos y medicamentosos que la atención de la salud de todos los niños y padres afectados por los hechos ilícitos requieren, hasta su total y completa recuperación y normalización de su salud dañada, como ES SU DEBER y se lo impone la ley penal.
El único jurídicamente responsable es el Gobierno Federal a través de la PGR; así lo ordena la Constitución de la República, las Leyes Penales Federales y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo que, es perversa, la manipulación Jurídica y política que se ha hecho del caso “Guardería ABC”.
Que el gobierno federal, vía PGR, MANIPULA con efectos políticos la investigación jurídica-penal del caso de la “Guardería ABC”, éso, ni duda cabe. Es incontrovertible que el comportar jurídico de la PGR en la investigación ha sido jurídicamente deficiente (entre muchas, no arraigar a los presuntos delincuentes), inepto(no atraer la investigación desde el primer día), lento (llevar más del mes en una investigación de 10 días), desaseado (decir el propio procurador que los presuntos no pisaran ni un minuto la cárcel y que el delito no es grave) y parcial(que solo se ocupen de defender la posición de IMSS y no los derechos de las víctimas y padres ofendidos); el gobierno federal, ha sido insensible (recuérdese su entrega al caso Martí), mercantilista (la demanda civil del IMSS), manipulador (Entre muchas más, la publicación de las listas de guarderías) y grosero (las iracundas descalificaciones del Secretario de Gobernación y otros).
Pero, que el Gobernador de sonora no ha mostrado imaginación política y argumentación jurídica PARA NULIFICAR esa manipulación que ha causado inmerecido desprestigio y costos al gobierno estatal, nó existe tampoco ninguna duda. Sorprende que la técnica tan débil y burda empleada por la PGR para hacer aparecer al Estado, ante los ojos públicos, COMO EL RESPONSABLE de la investigación de los Crímenes de la “Guardería”, SIN SERLO jurídicamente, sigan causando costosos efectos, y aún más, que hasta ahora, no se haya mostrado la atingencia política y legal para REBATIDOS; más aún, cuando es claro que el Estado, cuenta con todos los argumentos políticos y jurídicos para hacerlo. Solo DOS razones explicarían esa inexplicable pasividad en el tratamiento de la crisis:
1.-Que el gobierno de Sonora al revertir públicamente la falsedad, de la culpa que legalmente no le corresponde, TEMA sufrir consecuencias políticas o jurídicas diferentes, aún más graves; y,
2.-Que, el gobierno de Sonora, al declinar –prévia petición de la PGJE al juez común– al Juzgado Primero de Distrito de Hermosillo el proceso judicial común que instruye a algunos presuntos responsables sobre los mismos hechos de la “Guardería ABC; su pronunciamiento público oficial de que el Estado nó protegerá a ningún funcionario o familiar que le resulte responsabilidad; y su DESLINDAMIENTO en cuanto que fué la PGR quien nó ARRAIGÓ a los presuntos responsables y nó el Gobierno del Estado, al carecer éste de facultad legal para hacerlo como realmente lo és, TEMA el Estado, desamparar a algún presunto responsable involucrado en los hechos, al que tenga el deber o necesidad de proteger y que no desee que sea preso.
Ergo; Si ninguno de los dos anteriores TEMORES existe, es injusto para el gobierno de Sonora seguir pagando el costo político y social que hasta hoy está pagando sin razón legal alguna. Nos resistimos a admitir la ofensiva imaginación de que al gobierno de sonora lo esté “chamaqueando” el gobierno federal, con tan pueriles métodos. El Gobierno de Sonora, su Procuraduría y sus Tribunales Comunes, reiteramos, jurídicamente NÓ SON los responsables de investigar ni hacer justicia en los hechos ilícitos consumados en la “Guardería ABC”.
El único jurídicamente responsable es el Gobierno Federal a través de la PGR; así lo ordena la Constitución de la República, las Leyes Penales Federales y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por lo tanto, es perversa la manipulación Jurídica y política que se ha hecho del caso “Guardería ABC”.
Entonces; saludable es que con plena autoridad moral, política, social y jurídica El Gobierno de Sonora EXIJA fuerte y públicamente a la PGR y al gobierno federal ¡PROCUREN y concluyan a la brevedad! las investigaciones; ¡detenga la PGR! de inmediato a los prófugos; ¡y hagan JUSTICIA! a la sociedad sonorense y a los padres ofendidos por los delitos cometidos en agravio de sus inocentes niños; de forma pronta, expedita, legal e imparcial; y al IMSS, EXIGIRLE en ese mismo tenor, brinde sin reticencia alguna todos los servicios médicos, hospitalarios, psicológicos y medicamentosos que la atención de la salud de todos los niños y padres afectados por los hechos ilícitos requieren, hasta su total y completa recuperación y normalización de su salud dañada, como ES SU DEBER y se lo impone la ley penal.
