Gary y Mary Barlow obtuvieron la suspensión provisional por parte del Juez 1ero de Distrito
para que el patrimonio de la empresa
“Sea Escape At Esmeralda Bay, S.A de C.V., a quien acusan de defraudarlos
con 450 mil dólares, no pase a manos de terceros y evada así la posibilidad de
ser asegurada por la autoridad judicial para garantizar la reparación del daño
por fraude de que han sido objeto.
Por Oscar Castro y Fernando
Gutiérrez / Dossier Político
Día de publicación:
2012-05-14
Un nuevo giro dio el caso de las denuncias de fraude contra
norteamericanos por parte de la empresa
inmobiliaria “Sea Escape At Esmeralda Bay, S.A. de C.V, edificadora de los
condominios Costa Bella, de San Carlos, Nuevo Guaymas, luego que un juez
federal otorgó la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, donde
se ordena que el patrimonio de la empresa fraudeadora no sea sujeta a traslado
de dominio con intenciones de evadir la reparación del daño a los perjudicados
quejosos.
Como se sabe, la pareja de norteamericanos Gary y Mary Barlow,
radicaron una querella penal contra la inmobiliaria “Sea Escape” y “fraccionamiento Costa Bella”, de San Carlos,
Guaymas, y sus socios, los también
estadounidenses David y Kathy Walker, y la guaymense María del Carmen Ordaz.
Estos empresarios inmobiliarios están
acusados de haber despojado de 450 mil dólares a los Barlow, bajo la
engañosa promesa que serían propietarios de un condominio en el fraccionamiento
Costa Bella, así como de un terreno rustico adyacente a este malogrado complejo
residencial lindante al mar.
La empresa demandada ha sido enfática en negarse a rembolsar el dinero a
los norteamericanos defraudados ante la reiterada exigencia de estos, partiendo
de que el complejo habitacional donde se ubicaría el condominio que pretendían
adquirir se encuentra -a la fecha- en obra negra y en calidad de
abandonada.
En el curso de la integración de la querella penal, los Barlow
advirtieron la intención de la empresa de cambiar de propietarios para no hacerse
responsables de una eventual condena para reparar el daño.
Ante ello, solicitaron -a través de su defensa- al Ministerio Publico
que conoció de su demanda que se ordenara al Registro Publico de la
Propiedad hiciera una anotación marginal en el acta registral de “Sea Escape” y
“fraccionamiento Costa Bella” para que no fuera embargado o trasladado su
dominio a otra persa física o moral.
Así lo hizo el representante social. Pero por extraña razón, este
servidor público se contradijo a los días y dio marcha atrás a la anotación
marginal para evitar que “Sea Escape” y “Costa Bella” fuera a parar a otras
manos propietarias, lo que para la defensa de los norteamericanos defraudados
los dejaba en la indefensión.
Así las cosas, el pasado 30 de abril tramitaron un juicio de amparo
contra este acto considerado arbitrario por parte de la Procuraduría General de
Justicia en el Estado, el Agente del MP que conoce de la querella y otras
autoridades locales.
Los Barlow insisten en una fundada sospecha que los actuales
propietarios de “Sea Escape” y “fraccionamiento Costa Bella” pretenden realizar
una maniobra turbia y, sin impedimento alguno, transmitan a terceros el dominio
del patrimonio de la empresa que emplearon para la comisión del delito de
fraude, dejándolos sin el derecho de utilizar como medida cautelar el
aseguramiento de los bienes de la empresa para garantizarles la reparación del
daño causado de mala fe.
Fue el cuatro de mayo del año en curso, cuando los Barlow recibieron la
protección de la justicia federal al otorgarles la suspensión provisional del
acto reclamado, ordenando el Juez
Primero de Distrito que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente
guardan, y de no haberse llevado a cabo, no se cancele o se deje sin efecto, la
anotación marginal o inscripción, que conduzca al traslado de dominio i
afectación del inmueble que se menciona en el escrito inicial de demanda de
garantías, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.
No obstante que la suspensión provisional se emitió a favor de los
Barlow para poner a salvo su derecho de garantizarles la reparación del daño,
los abogados defensores de estos radicaron un recurso de queja por el incidente
de suspensión del Juez Primero, argumentando la falta de claridad en el texto y
por lo tanto solicitan a un Tribunal Colegiado que revise el incidente de
suspensión y no deje lugar a ambigüedades o interpretaciones que los demandados
pueden utilizar a su favor para deshacerse de los bienes patrimoniales.
Esto es que, si la anotación marginal para evitar que la empresa
defraudadora pase a terceros se ejecutó primero y posteriormente fue cancelada
por el Ministerio Público, la suspensión provisional podría surtir efecto a
partir de la cancelación de dicha anotación y permanecer las cosas en ese
estado, resultando adversa a los derechos que reclaman los norteamericanos
defraudados y ser utilizada tal ambigüedad por los defraudadores para
deshacerse del patrimonio del “Sea
Escape” y “Costa Bella”.
Entrevistados por
Dossier, los esposos Barlow manifestaron su beneplácito por la actuación pronta
y expedita de la Justicia Federal para avanzar en la exigencia de que se
aplique la justicia contra quienes los defraudaron y abusaron de su buena fe
manifestada en su intención de invertir en una vivienda y un predio para
sobrellevar plácidamente su retiro laboral en Estado Unidos en las paradisiacas
playas de San Carlos.
Asimismo manifestaron su extrañeza de que desde el poder público estatal
se esté protegiendo a lo que han dado en llamar “delincuentes de cuello blanco”, sobre todo, por su intención de
despojar de sus ahorros a personas que han trabajado toda su vida en su país
natal y pretenden invertir esos recursos en México.
Se desmarca Procurador del ‘fraude San Carlos’
De acuerdo al
informe de autoridad que emitió el Procurador de Justicia en el Estado, Carlos
Navarro Sugich dentro del juicio de amparo 511/2012 contra actos de su investidura,
este negó tener interés o injerencia personal en la querella penal que se ha
enderezado contra los norteamericanos Walker
y la guaymense Carmen Ordaz, por el
delito de fraude contra la pareja de
los también estadounidenses Gary y Mary Barlow, a quien despojaron con engaños de 450 mil dólares.
Las sospechas de que fiscal estatal pudiera tener las manos metidas en
las querellas por fraude que se han enderezado contra empresas inmobiliarias y
de bienes raíces asentadas en San Carlos, se acrecentó por parte de no pocos
quejosos, entre ellos los Barlow, cuando se enteraron que el apoderado legal y defensor en la demanda
penal por fraude contra los Walker y los Ordaz, era el abogado Manuel Cabrera Ochoa,
compañero y socio del actual Procurador,
en el despacho de abogados al que perteneció hasta antes de fungir como
funcionario en la PGJE.
No solo eso, los Barlow mantienen una justificada sospecha que desde las
altas esferas del poder público pudiera protegerse a un grupo de defraudadores
inmobiliarios en San Carlos, sobre todo, cuando el abogado de “Sea Escape” y Fraccionamiento Costa Bella, el citado
Cabrera Ochoa, funge como presidente honorario de la
Comisión Sonora-Arizona, órgano del Gobierno del Estado creado,
paradójicamente, para reforzar las relaciones comerciales, culturales y
políticas entre ambos estados y naciones.
De acuerdo a indagaciones como parte de la investigación que realiza
Dossier sobre fraudes inmobiliarios en San Carlos, Nuevo Guaymas, se logró
saber que en este destino turístico
radican permanente y eventualmente unos diez mil extranjeros, en su mayoría
estadunidenses, franceses, alemanes y canadienses, que mantienen propiedades a través de fideicomisos bancarios como
lo establecen las leyes mexicanas.
De este universo de extranjeros, al
menos el 80 por ciento desconoce que sus fideicomisos tienen múltiples
anomalías que los hacen aparecer legalmente como propietarios irregulares,
e incluso, en no pocos casos, como simples posesionarios de bienes como
viviendas, lotes y predios con vocación comercial.
Esta situación ha derivado de la presencia en San Carlos de una red de defraudadores inmobiliarios con
especialidad en norteamericanos ya entrados en la tercera edad, a quienes a
través de los años han ido ganándose su confianza para prácticamente
despojarlos de sus bienes.
